Publicado en Brecha Cero de 5G Américas

Samuel Bautista Mora

El gobierno electrónico consiste en el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que los ciudadanos interactúen con las instituciones de la administración pública.

Particularmente, las plataformas digitales facilitan a los gobiernos la prestación de servicios a los usuarios; impulsan los datos abiertos que coadyuvan con la transparencia y rendición de cuentas; promueven la inclusión ciudadana a través de consultas electrónicas, entre otros beneficios.

De acuerdo con el Índice de e-Gobierno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que mide en conjunto los servicios gubernamentales en línea, el capital humano y la infraestructura de telecomunicaciones, en América Latina y el Caribe se registró un avance entre 2014 y 2016, ya que el resultado promedio de la región incrementó 4%  en dicho periodo.

Diez primeras posiciones del Índice de e-Gobierno 2016 en Latinoamérica y el Caribe

Posición respecto a los 193 miembros de la ONU Calificación
Uruguay 34 0,72
Argentina 41 0,69
Chile 42 0,69
Brasil 51 0,64
Costa Rica 53 0,63
Barbados 54 0,63
Colombia 57 0,62
México 59 0,62
Trinidad y Tobago 70 0,58
Ecuador 74 0,56

Fuente: The Social Intelligence Unit con datos de e-Government Survey 2016, ONU

Estas mediciones permiten reconocer la existencia de rezagos, estancamientos o avances del gobierno electrónico, a la vez que facilitan los procesos de evaluación de políticas públicas al respecto e incentivan la mejora de las mismas. De ahí surge la importancia de que este tipo de métricas sean desarrolladas, publicadas y complementadas.

En este tenor y en el entendido de que las tecnologías móviles (servicios y dispositivos) han sufrido un dramático avance en su adopción, las medidas de e-Gobierno deben hacerse extensivas a lo móvil, es decir, al m-Gobierno.

Métricas de m-Gobierno: Caso Mexicano

Es fundamental, para el aprovechamiento del gobierno electrónico móvil, la cobertura de servicios de Banda Ancha Móvil (BAM).

De acuerdo con un cálculo basado en información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región de América Latina y el Caribe cuenta con una penetración de suscripciones BAM equivalente al 53% de la población total, sugiriendo un reto enorme de infraestructura.

En particular, de acuerdo con la OCDE, México contaba a finales de 2015 con 51% de penetración de suscripciones BAM, lo cual equivale a aproximadamente 63 millones de beneficiarios potenciales de los servicios de gobierno electrónico móvil. Considerando esto, evaluar las aplicaciones móviles emitidas por las instancias gubernamentales, pasando por los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), es una herramienta útil para entender el estado del m-Gobierno.

Al respecto, en 2015, un análisis de 174 aplicaciones asociadas a instancias públicas en México[1] muestra que una aplicación emitida por el Gobierno Federal se descargó 17 mil veces en promedio, lo cual se traduce en una mejora de tan sólo 0.9% respecto a los datos obtenidos el año anterior (en el mismo período, la base de teléfonos inteligentes del país creció 46%). Este resultado, que respecto al número de Smartphones es de por si pequeño, supera considerablemente el promedio de descarga de las aplicaciones a nivel estatal y municipal.

Promedio del Número de Descargas por Aplicación de Gobierno

Grafico1

Fuente: The Social Intelligence Unit, 2015

Además del número de descargas, se evaluaron aspectos de mantenimiento de las aplicaciones. Destaca que, para las aplicaciones del gobierno federal mexicano, transcurrieron 271 días en promedio desde la última actualización hasta la fecha de corte del análisis, es decir, 14% menos días respecto al año pasado. A su vez, en relación con la estrategia de comunicación de dichas aplicaciones, el 70% fueron promocionadas en Twitter, 58% en Facebook y 62% en las páginas web oficiales.

A nivel local, todas estas variables más aspectos de titularidad y de calificación por parte de los usuarios, fueron concentrados en el Índice de Adopción y Efectividad de las Aplicaciones Gubernamentales 2015[2] que va de 1 a 10 y permitió evaluar el desempeño de m-Gobierno de 25 de las 32 entidades federativas que conforman México.[3]

Índice de Adopción y Efectividad de las Aplicaciones Gubernamentales 2015

Grafico2

Fuente: The Social Intelligence Unit, 2015

Todas las entidades federativas reprobaron la evaluación proporcionada por dicho índice, promediando 3,8 puntos de 10 posibles. La entidad mejor calificada fue la Ciudad de México (5,7), mientras que Veracruz (2,34), Baja California Sur (2,4) y Nayarit (2,3) arrojan las peores evaluaciones.

Como se mencionó, el e-Gobierno es una herramienta que, de ser aplicada adecuadamente, facilita la compartición de información por parte del gobierno y la transparencia, así como el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones a través de las TIC. Por su parte, el m-Gobierno proporciona los mismos beneficios, pero con mayor ubicuidad, es decir, aprovechamiento de los servicios en línea de gobierno en casi cualquier lugar y momento, además de ser la respuesta a la tendencia móvil de las TIC.

América Latina y el Caribe, muestran avances de e-Gobierno y lo sabemos gracias a las métricas propuestas por la ONU; sin embrago, aún se encuentra pendiente la tarea de calificar el m-Gobierno, donde se propone un primer acercamiento al estado de las aplicaciones móviles de gobierno.

[1] Hacia un Gobierno Móvil para México: Aspectos de Oferta y Demanda de Aplicaciones Móviles Públicas, The Social Intelligence Unit. Disponible en: http://bit.ly/1hjnlJWConsultado el 19 de agosto de 2016.

[2] Id.

[3] El que 7 entidades federativas no fueran consideradas dentro del ranking responde a que no se logró mapear aplicaciones relacionadas con el gobierno correspondiente o información relevante sobre las mismas.

 

Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consultor en The Competitive Intelligence Unit enfocado en el análisis del impacto social de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así como de las políticas públicas relacionadas con telecomunicaciones y gobierno electrónico. Sus publicaciones cuentan con presencia regular en revistas especializadas y son citadas por diversos medios de comunicación. Coordina la ejecución de un proyecto social basado en el aprovechamiento de TIC.

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