Samuel Bautista Mora
Las disposiciones sobre Colaboración con la Justica que fueron resultado de de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, estipulan diversas condiciones para fomentar la compatibilidad entre el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la procuración de Justicia. Dichos condicionamientos derivarán en legislación específica para robustecer el marco legal en materia de retención de datos, poniendo especial énfasis en los servicios de internet y las autoridades facultadas para controlar, supervisar y tener acceso a la información digital en cuestión.
En México, este proceso toma forma dentro de un entorno legal preexistente, que ha sentado las bases para el diseño de la nueva legislación. En específico, la materia de Colaboración con la Justicia en las leyes específicas de telecomunicaciones estará enmarcada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
En 2009, las reformas realizadas a los artículos 16 y 17 de la Constitución reconocieron el derecho de los ciudadanos a la protección de su información, ordenando también al poder legislativo la expedición de una ley al respecto. Consecuentemente, en 2010, se publicó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y, en 2011, su respectivo reglamento.
En cuanto a la colaboración con la justicia, la LFPDPPP establece escenarios en que los datos personales pueden ser transferidos sin consentimiento del titular de los mismos. De esta manera, la transferencia se realizará únicamente cuando “sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia”.1 Es decir, que para acceder a los contenidos de un individuo, debe de contarse con una motivación judicial explícita como medio de protección para los usuarios.
Actualmente, y como una pieza fundamental en la evolución de este proceso regulatorio, surgió el interés por transparentar el acceso a metadatos que realice el gobierno mexicano. Por ello, en la discusión sobre la Ley General de Transparencia y Acceso (actualmente en curso), se incorporó la idea de mantener como información pública y actualizada aquellas solicitudes de intervención a las telecomunicaciones y de geolocalización (esto, una vez que termine la intervención).
Dichas solicitudes, de acuerdo con la iniciativa de ley, deberán incluir las razones para la intervención, el delito que se investiga, el estatus de la averiguación previa, la duración de la intervención y, en caso de existir una autorización judicial, si esta fue aceptada o rechazada.
Además del contexto legal, cabe recordar que, como se mencionó en El Dilema Privacidad-Seguridad en la Retención de Datos, el Web Index (2014) dejó a México en el lugar 52 en un ranking de 84 países en cuanto a “Salvaguardias para proteger la privacidad de las comunicaciones electrónicas”.2 Esto indica que existen aún grandes oportunidades para mejorar en este aspecto, potencial que deberá ser aprovechado a raíz de la legislación específica derivada de las reformas estructurales.
De esta forma, vemos que la retención y protección de datos será uno de los principales temas que definan la conformación de los reglamentos derivados de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Resta, por el momento, estar atentos a que exista transparencia, supervisión y control en la colaboración con la justicia, así como compatibilidad entre ambas legislaciones para evitar contradicciones o lagunas legales.
